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No solo estoy convencido de que hay que tratar que los trámites sean lo más sencillo posible y no obligar a los ciudadanos a trasegar por los circuitos administrativos de manera intensa. Es que hoy no hay forma de volver mañana, vamos, no hay forma ni de ir hoy. Salvo que esté dispuesto a pagar por obtener una cita previa en diversos organismos de la Administración (para que quede claro, el que cobra es el pirata que se adjudica de forma fraudulenta todas las citas previas y luego las vende a los ciudadanos).

Las ineficacias de la Administración han acabado con una frase que marca su modelo burocrático. Lástima que no sea porque el trámite se ha acabado de manera correcta, sino porque no hay forma de acudir a la Administración. Queridos gobernantes, esta no era la fórmula que pensamos cuando nos planteamos mejorar la eficacia de las administraciones.

Valga esta pequeña parodia para comenzar una reflexión muy seria y profunda sobre cómo la Administración se ha desmoronado en los últimos meses. El pistoletazo de salida para llegar a esta situación lo dio el virus. Comenzó la pandemia y quedaron al descubierto las vergüenzas de una digitalización “fake” en una Administración que, sin actividad presencial, se vio incapaz de atender a los ciudadanos.

Intentó nuestra Administración parchear la situación con la cita previa. Quizás al principio, siendo bondadoso, lo consiguió parcialmente. Hoy, la cita previa se ha convertido en una fuente de pillería por los “listos” que han desarrollado bots, que se hacen con todas las citas que se liberan, y que las venden a los ciudadanos necesitados de presentar sus trámites. Vamos, que no sólo se sigue sin atender al ciudadano, sino que, además, se le saquea por algo que es gratuito: acudir a la Administración a ejercitar sus derechos.

Leía el otro día al presidente de nuestro Consejo General afirmando que la persona más conocida en la Seguridad Social es el guardia de seguridad, quien no te deja pasar sin cita previa, pero, ante tus lamentos y ruegos, te aconseja sobre la hora a la que debes entrar en la web a pedir la cita previa. Hemos conseguido que las teletiendas nocturnas tengan el mayor índice de audiencia, con peticionarios de cita previa haciendo tiempo para entrar de madrugada en la web.

Todo esto, que suena a sainete (“adorno que aumenta la gracia o el mérito de una cosa o de una situación” o “burla, o situación cómica o de burla”) se convierte en una tragedia para muchos. Muchas personas se jubilan sin medios para subsistir si no es con su paga mensual, sin ahorros. Pasar de una o dos semanas para conseguir la pensión a varios meses se convierte en un auténtico drama. Y este es solo un ejemplo de otras muchas situaciones reales que se vienen produciendo.

Llevamos diciendo en los últimos años que existe una solución real y efectiva a corto plazo: contar con los colaboradores sociales, entre los que nos encontramos los Gestores Administrativos. Pongamos un poquito de luz sobre este ofrecimiento.

En primer lugar, estamos refiriéndonos al papel que las profesiones colegiadas podemos ocupar como intermediarios entre el ciudadano y la Administración. Es preciso poner barreras de entrada para poder actuar en nombre del ciudadano, mostrando la capacidad que se atesora para hacerlo de forma adecuada, y bajo la vigilancia de un órgano colegial que asegure el control de la actividad (códigos y departamentos deontológicos, seguros de responsabilidad civil…).

Además, el Colegio correspondiente puede convertirse en el verificador de la documentación necesaria para el correspondiente trámite, convirtiéndose en pre calificador de los expedientes y ofreciendo un certificado colegial que asegure que lo que se dice se corresponde con lo que se aporta. No olvidemos que los Colegios son entidades privadas de derecho público, lo que permite asegurar un control distinto al de otras entidades privadas.

No quiero confundir a nadie, con esto no queremos decir que el Colegio ni el colegiado vayan a resolver el expediente. Tan sólo reúnen la información adecuada, la verifican y, sobre todo, atienden a un ciudadano que quiere que le cuenten, que le den tranquilidad, que le resuelvan las dudas… lo que sin atención presencial no va a conseguir de un funcionario.

Con esta Ley de Colaboración social administrativa que estamos solicitando, se pueden establecer los requisitos mínimos exigibles a quien quiera ejercer de colaborador social y obligarle a mantenerse actualizado, con cursos a realizar anualmente.

¿Es esto suficiente? A estas alturas de la película, considero que es condición necesaria, pero no suficiente. No sería lógico que la Administración se dejara llevar por esta solución y que no hiciera sus deberes. Debe procederse a una digitalización real de la tramitación pública, con los medios técnicos y con los funcionarios necesarios. Eso va a suponer tiempo y recursos económicos. Y también preparación del personal de la Administración destinado a resolver los expedientes. Seguramente, este será un proceso que vaya más allá de una legislatura. Pues ya saben nuestros representantes: pónganse de acuerdo para diseñar una Administración de futuro capaz de ofrecer a los ciudadanos, que la sustentan con sus impuestos, el mejor de los servicios y facilitar el ejercicio de sus derechos.

Artículo de nuestro presidente y secretario general del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España, José Manuel Mariño Romero, para la revista número 299 del Consejo General: https://bit.ly/RevistagAbril2023